Guarda Nacional y participación del Ejército en tareas de seguridad pública en México
“Seguridad nacional es uno de los temas que más nos duele como sociedad”: senador Álvarez Icaza
CDMX, 31 de julio de 2024.- Desde el Salón de la Permanente en el Senado de la República se presentó el Quinto Informe del Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México, elaborado con la organización Causa en Común, desde donde se analizan las tareas de seguridad en las que han participado estas fuerzas durante el actual sexenio.
Entre las conclusiones del informe se cuestiona si creación de la Guardia Nacional ha dado resultados relevantes en términos de seguridad pública, además de que el fortalecimiento presupuestal de las Fuerzas Armadas ha provocado estancamientos o mermas de recursos a las policías locales.
Ese mismo incremento presupuestal, en combinación con la “tradicional opacidad” de las Fuerzas Armadas, añade el documento, aumentan el riesgo de corrupción, además de que también se incrementa el peligro de un mayor número de violaciones a los derechos humanos al poner a estas instituciones en tareas de seguridad que no les corresponden.
El senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, organizador del evento, enfatizó que la seguridad nacional supone políticas de Estado cuyo principio es dialogar y escuchar a los diversos actores de la sociedad; no obstante, lamentó que en este sexenio ha habido una gran dificultad para hablar sobre este tema, particularmente con las organizaciones civiles.
En su intervención, María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, expuso que, desde su creación en 2019, la Guardia Nacional ha recibido sólo 16 recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
No obstante, de enero de ese año a mayo de 2024, tanto esa institución como las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, acumularon cuatro mil 800 quejas, por violaciones a los derechos humanos.
Los mismos informes de la Guardia Nacional, añadió, detallan entre 2020 y 2023 no ha habido elementos sancionados penalmente por faltas, además de que, a pesar de que ha habido denuncias de espionaje a periodistas y activistas de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, la CNDH niega que esto exista.
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